PADRINO ABOGADOS

jueves, 20 de julio de 2017

CÁRTEL DE FABRICANTES DE CAMIONES. INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS


Es usted unos de los afectados por el cártel de fabricantes de camiones?              En Padrino Abogados resolvemos sus dudas. 

La Comisión Europea, el 19 de Julio de 2016 decidió sancionar a los fabricantes de camiones MAN, IVECO, DAF,  VOLVO/RENAULT  y DAIMLER (MERCEDES) con multas cuantiosas y ello porque vulneraron el artículo 101 del Tratado del Funcionamiento de la Unión europea y el Artículo 53 del Acuerdo EEE ( Espacio económico europeo) toda vez que entre el 17 de Enero de 1997 y el 18 de Enero de 2011 dichos fabricantes pactaron determinados acuerdos sobre la fijación de precios y los incrementos de los precios brutos de los camiones en el EEE , así como también sobre el calendario  y la repercusión de los costes  para la entrada de tecnologías de emisiones  en camiones medios y pesados exigida por las normas EURO 3 a 6 con la finalidad de repartirse el mercado y así impedir la entrada de nuevos competidores o al menos restringirla. De tal forma que incrementaron en las compraventas de camiones el precio de estos. Pacto este que en todo caso prohíbe la Ley de Defensa de la Competencia. 

Si bien todos los fabricantes excepto SCANIA han reconocido su participación en el cártel de camiones.

Por tanto, si usted es transportista (autónomo o empresario) y compró entre los años 1997 y 2011 camiones de seis o más toneladas de las marcas MAN, IVECO, DAF,VOLVO/RENAULT  o DAIMLER (MERCEDES), aunque los vendiera con posterioridad o los adquiriese a través de un contrato de leasing, ha de saber que puede reclamar una indemnización de daños y perjuicios tanto por el sobrecoste en el precio de la compra de los camiones como por el coste de la implantación de los sistemas de retención de los gases contaminantes a la que se añadirán los intereses legales.

En todo caso informarle que se excluyen de la reclamación los camiones adquiridos de segunda mano

  ¡¡¡¡¡Reclame sus derechos, aun está a tiempo!!!!!!!!! ya que el plazo de prescripción es de un año desde el conocimiento del daño y este se produjo desde que se publicó la decisión de la Comisión Europea de 19 de Julio de 2016 en el Diario Oficial de la Unión Europea, que fue el 6 de Abril de 2017, lo que implica que se puede interponer acciones judiciales hasta el 6 de Abril del 2018. Eso sí desde Padrino Abogados aconsejamos interrumpir la prescripción mediante un burofax al fabricante reclamándole los daños y perjuicios ocasionados por el cártel, para así disponer de un mayor plazo de actuación.
En todo caso, la demanda requiere la presentación de un informe pericial especializado en esta materia que determine la cuantía de la indemnización a reclamar judicialmente

  En padrino Abogados nos preocupamos por usted,  defendemos sus derechos,!!! Si esta interesado en ello, póngase en contacto con nosotros  www.padrinoabogados.es   o al teléfono 91 781 56 95 o mail.- info@padrinoabogados.es.  y le daremos un asesoramiento personalizado a su caso concreto. 




lunes, 16 de enero de 2017

CLAUSULAS ABUSIVAS EN LOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS. NULIDAD DE LA CLAUSULA DE GASTOS DE FORMALIZACION DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO ¡¡¡¡ RECLAMA TUS DERECHOS !!!!!


¿Desconoce si su préstamo hipotecario tiene cláusulas abusivas,? En Padrino Abogados le informamos de las que han sido declaradas nulas por el Tribunal Supremo y de su posterior reclamación .
                
      El pasado 23 de Diciembre de 2015 El Tribunal Supremo dictaba sentencia en la que declaraba nulas determinadas clausulas de los préstamos hipotecarios, en concreto la decisión afecta a la cláusula suelo, intereses moratorios, vencimiento anticipado, atribución de los gastos de la formalización del préstamo hipotecario al consumidor y contratación telefónica.
                En este artículo nos centraremos en la CLAUSULA DE LA ATRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE LA FORMALIZACIÓN DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO AL CONSUMIDOR
                Son muchas las personas que nos consultan sobre este asunto si bien aquí resumiremos las más comunes

¿ Puedo recuperar el dinero abonado para dichos gastos ? La respuesta es SI, y ello en base a que el Tribunal Supremo entiende que hacer recaer todos los gastos de la formalización del préstamo hipotecario sobre el consumidor produce un desequilibrio relevante para este, pues aunque la normativa reglamentaria permitiría una distribución equitativa, ya que el beneficiado por el préstamo es el cliente, no podemos olvidar que quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista (en este caso el Banco), pues así obtiene un título ejecutivo, constituye la garantía real y adquiere la posibilidad de ejecución especial. A todo ello se une que no es una cláusula que haya sido voluntariamente pactada por las partes sino que vino impuesta por el Banco. Ahora bien hay que indicar que aunque la Sentencia hace referencia a los préstamos hipotecarios del BBVA y Banco Popular, lo cierto es que en la práctica bancaria todas las entidades cuentan con cláusulas similares, pudiendo variar la redacción pero no la esencia, por ello, entendemos que en todas se puede solicitar la nulidad.  Por tanto la cláusula es abusiva y en consecuencia nula, lo que significa que no tendría efecto.

¿ Como identifico esta cláusula en mi préstamo hipotecario?.

Transcribimos en este caso la del BBVA, y aunque la redacción de la cláusula puede variar de un Banco a otro en esencia sería textualmente la siguiente:
" Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras, modificación -incluyendo división, segregación o cualquier cambio que suponga alteración de la garantía- y ejecución de este contrato, y por los pagos y reintegros derivados del mismo, así como por la constitución, conservación y cancelación de su garantía, siendo igualmente a su cargo las primas y demás gastos correspondientes al seguro de daños, que la parte prestataria se obliga a tener vigente en las condiciones expresadas en la cláusula 11ª. La parte prestataria faculta al banco para suplir los gastos necesarios para asegurar la correcta inscripción de la hipoteca que en este acto se constituye y de los títulos previos a esta escritura, así como los gastos derivados de la cancelación de cargas y anotaciones preferentes a dicha hipoteca. Los gastos suplidos podrán ser cargados en cuenta a la parte prestataria en la forma y condiciones que se indican al final de esta cláusula. Los mencionados servicios complementarios que, a solicitud de la parte prestataria, el Banco decida libremente realizar, serán facturados por éste con arreglo a las tarifas de comisiones y gastos que tenga vigentes el Banco en el momento de dicha solicitud. En todo caso, se considerará que constituyen un servicio objeto de facturación los trabajos de preparación de antecedentes que deba realizar el Banco para el otorgamiento de la escritura de cancelación de hipoteca. La parte prestataria queda obligada a satisfacer y resarcir al Banco cuantos daños, perjuicios, costas y gastos procesales o de otra naturaleza, se generen u originen al Banco por incumplimiento del contrato o para el cobro del crédito, incluyendo los gastos y costes directos o indirectos, causados por las actuaciones del Banco que tengan por objeto la reclamación de la deuda (tales como, en especial, los requerimientos de pago por correo, teléfono, telegrama, notariales), así como los derivados de los procedimientos judiciales o extrajudiciales motivados por todo ello, incluidos los honorarios de Abogado y Procurador aún cuando su intervención en las actuaciones y procedimientos judiciales o extrajudiciales no fuere preceptiva. El Banco queda facultado para cargar en cuenta o reclamar en cualquier momento a la parte prestataria cuantas cantidades se le adeuden por los conceptos antes indicados. Las cantidades así adeudadas al BANCO devengarán, desde la fecha en que éste las hubiera satisfecho y sin necesidad de reclamación, intereses de demora con arreglo a la cláusula 6ª, y quedarán garantizadas con arreglo a la cifra prevista para gatos y costas en la cláusula 9ª".

¿Cuáles son los gastos incluidos en la formalización del préstamo hipotecario?

                Los gastos que usted podría reclamar serían los notariales por la constitución de la escritura, los registrales por la inscripción en el Registro de la Propiedad y el impuesto de Actos Jurídicos Documentados ya que el Banco con motivo de la operación mercantil no queda al margen sino que se convierte en sujeto pasivo respecto a la constitución del derecho, expedición de las copias, actas y testimonios que interese, así mismo se podrían incluir los gastos de gestoría si venían impuestos por la entidad bancaria y los gastos de tasación del inmueble.
                Sepa que también es abusivo repercutir sobre el prestamista los gastos pre-procesales, procesales o de otra naturaleza, derivados del incumplimiento por la parte prestataria de su obligación de pago, y los derechos de procurador y honorarios de abogado contratados por el Banco, incluso cuando su intervención no sea preceptiva,  puesto que infringe nuestras normas procesales que ya determinan esta cuestión, causando un claro desequilibrio entre las partes, ya que no se tienen en cuenta entre otras  cuestiones tan importantes como las dudas de hecho o de derecho que puede apreciar el Tribunal en el procedimiento y en ese caso en concreto no habría condena en costas ( o lo que es lo mismo cada uno pagaría a sus abogados y procuradores).

 ¿Cuál es el procedimiento para reclamar dichos gastos?

                1. FASE EXTRAJUDICIAL

        Primeramente  se inicia la fase extrajudicial consistente en la presentación por escrito ante la sucursal de su Banco ( en Atención al cliente) de una reclamación solicitando la nulidad de la cláusula y la devolución del dinero indebidamente abonado, que tendrá estar debidamente justificado. Adjuntamos un modelo de reclamación. PINCHA AQUÍ   https://www.scribd.com/document/336728811/Reclamacion-Bancoreclamación banco

                2. FASE JUDICIAL

          Si en el plazo máximo de dos meses el Banco no contesta a la reclamación previa o lo hace negativamente sería necesario acudir a la fase judicial a través de la interposición de la correspondiente demanda solicitando precisamente la nulidad de la cláusula y la devolución de las cantidades abonadas, y ello porque la nulidad declarada por el Tribunal Supremo lo es respecto a la falta de concreción del propio contrato de préstamo , de los gastos e impuestos estableciéndose de manera general,
Los documentos que se tienen que acompañar a la demanda a nivel general son los siguientes:
  • ·         La escritura de constitución de hipoteca
  • ·         La factura de los gastos notariales
  • ·         La factura de los gastos de inscripción en el Registro de la Propiedad
  • ·         La carta de pago del impuesto de actos jurídicos documentados
  • ·         La factura de los gastos de gestoría si la impuso el Banco
  • ·         La factura de la Tasación del Inmueble


                El plazo de prescripción para interponer la demanda es de cuatro años, a contar desde que se dictó la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Diciembre de 2015, es decir que usted puede hasta el 24 de Diciembre de 2019 reclamar judicialmente, en el caso en que esté vigente el préstamo.
                Por el contrario si ya ha amortizado  la hipoteca, podrá recuperar también el dinero abonado solo en el caso de que el pago total se haya realizado dentro de los cuatro años anteriores a que se dictara la sentencia del Tribunal Supremo es decir, desde el 23 de Diciembre de 2011 en adelante.

AÚN ESTAS A TIEMPO PARA RECLAMAR, si estas interesado en ello, ponte en contacto con nosotros  www.padrinoabogados.es   o al teléfono 91 781 56 95 o mail.- info@padrinoabogados.es.  y te daremos un asesoramiento personalizado a su caso concreto. 


domingo, 6 de noviembre de 2016

ALQUILER TURISTICO O VACACIONAL: COMO PROCEDER TRAS LA LEY 4 /2013 DE 4 DE JUNIO


            La Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, supuso una modificación en materia de arrendamientos urbanos, en concreto uno de los cambios que más dudas ha suscitado es el del Alquiler Turístico o Vacacional  y es que a pesar de los años transcurridos hay todavía mucha confusión al respecto.
                
            Son muchas las consultas que recibimos acerca de cómo debe tramitarse este tipo de alquileres para evitar sanciones, es más recientemente varios clientes acudían a nuestro despacho confusos ante novedades que se habían producido en Barcelona, preguntándonos si deben modificar sus contratos con los inquilinos y que exactamente para evitar problemas.  Si usted se encuentra en esta situación sepa que la respuesta más clara sería depende del lugar donde se encuentre la vivienda objeto de alquiler. Actualmente el Alquiler Turístico o Vacacional  es competencia de las Comunidades Autónomas, cada una de ellas tiene que regular una legislación al respecto, de tal forma que si su vivienda se encuentra por ejemplo en Madrid nada le afectan las novedades de Barcelona o de otra Comunidad.

          Ahora bien no todas las Comunidades Autónomas tienen hoy día ley especifica que regule los Arrendamientos de Uso Turístico o Vacacional, es el caso de Castilla La Mancha, en donde hay doctrinas que se inclinan por entender que se podría realizar el alquiler bajo las normas de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y ello porque consideran que para que se pueda aplicar el nuevo artículo 5 e) de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU), se deben cumplir todos los requisitos que se establecen en el mismo, esto es,

        "La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial."

                Y en concreto en Castilla La Mancha no se cumple el requisito de estar sometido a un régimen específico derivado de su normativa sectorial, sin embargo otras doctrinas entienden que en aquellos lugares donde no exista ley especifica al respecto y el objeto sea alquilar la totalidad de una vivienda equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con la finalidad lucrativa, no se podría aplicar la ley de Arrendamientos Urbanos, por lo que el contrato de arrendamiento a realizar sería bajo las normas del Código Civil, pero como digo la doctrina no es pacífica en este campo.

                Dicho esto, existe legislación específica en materia de Arrendamientos de Uso Turístico o Vacacional  en Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.


- Alquiler de uso turístico o vacacional en Madrid


             En este artículo nos centraremos en las características propias para realizar este tipo de alquileres en Madrid, primeramente señalar que se rige por el Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los Apartamentos Turísticos y las Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad de Madrid, normativa que se creó con la finalidad de acabar con el intrusismo, la competencia desleal, y garantizar la libre competencia, si bien dicho Decreto no está exento de polémica, puesto que en el mismo se disponía en su artículo 17.3 que "Las viviendas de uso turístico no podrán contratarse por un periodo inferior a cinco días, obligando así a los turistas a estar periodos superiores. Actualmente dicho inciso del artículo 17  ha sido declarado nulo por la sentencia de fecha 31 de Mayo de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en base a que se trata de una restricción de la competencia que no está justificada ni en la protección al usuario ni en la lucha fiscal.

Pero, ¿Qué aspectos debe tener usted en cuenta para realizar este tipo de arrendamientos?

         Para empezar es importante determinar el ámbito de aplicación de este Decreto que distingue entre Apartamentos Turísticos, que son los inmuebles integrados por unidades de alojamiento complejas, dotadas de instalaciones, equipamiento y servicios en condiciones de ocupación inmediata, destinados de forma habitual al alojamiento turístico ocasional, sin carácter de residencia permanente, mediante precio y las Viviendas de Uso Turístico que son aquellos pisos, apartamentos o casas que, amueblados y equipados en condiciones de uso inmediato, son comercializados y promocionados en canales de oferta turística, para ser cedidos en su totalidad, por su propietario a terceros, con fines de alojamiento turístico y a cambio de un precio. En ambos casos la estancia podrá ser de días, semanas o meses.

a) Apartamentos turísticos.-

1. Están ubicados en la totalidad del edificio y se identifican mediante llaves (4,3,2 y 1) a diferencia de los hoteles que lo hacen por estrellas.

2. La normativa establece unos requisitos mínimos por categorías, tanto en capacidad como en mobiliario, servicios que dispone, etc.

3. Se ha de presentar una declaración responsable ante la Dirección General de Turismo del inicio de actividad e inscribirse en el Registro de Empresas Turísticas de la Dirección General de Turismo

4. El precio ha de estar visible en la recepción y debe incluir suministro de agua, energía, climatización, uso de ropa de cama y baño y limpieza de habitaciones.

5. Los edificios  explotados como Apartamentos Turísticos que dispongan entre 5 y 50 deberán ofertar, al menos, un apartamento adaptado para minusválidos.

6. Se debe exhibir una placa identificativa.

b) Viviendas de uso turístico.-

1. Se ha de presentar una declaración responsable ante la Dirección General de Turismo del inicio de actividad con planos de la vivienda firmado por un técnico competente y visado por el colegio profesional que corresponda e inscribirse en el Registro de Empresas Turísticas de la Dirección General de Turismo.

2. Han de disponer de cedula de habitabilidad o licencia de primera ocupación.

3. La normativa establece unos requisitos mínimos tanto en capacidad como en mobiliario, equipamiento y teléfono de contacto y disponer de internet, a ello se une que no se puede ceder el uso por habitaciones.

4. El precio ha de estar visible en la entrada de cada vivienda y debe incluir suministro de agua, energía, climatización, uso de ropa de cama y baño y limpieza de habitaciones.

5. Se debe exhibir una placa identificativa.

                Sanciones.- El Decreto prevé así mismo para ambos casos, una serie de sanciones para todos aquellos que no cumplan con el mismo, que se someten a la ley 1/1999, 12 de Marzo de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid. Dichas sanciones pueden ser apercibimiento, multa, suspensión temporal de la actividad, anulación de la inscripción en el registro o Clausura definitiva del establecimiento. Las multas van desde 3.000 euros las más leves hasta 300.000 euros las más graves.

                Por último es importante señalar que el tipo de contrato a realizar será diferente según las circunstancias, esto es, si se cumplen todos los requisitos del Artículo 5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, tendrá que realizar un contrato de Arrendamiento de Temporada sometido al Código Civil, en caso contrario un Arrendamiento de Temporada sometido a la ley de Arrendamientos Urbanos. 


      En Padrino Abogados tenemos abogados especializados en este tipo de arrendamientos. Póngase en contacto con nosotros por mail info@padrinoabogados.es, por facebook , https://www.facebook.com/padrinoabogados o por teléfono al 917 81 56 95  y le daremos un asesoramiento personalizado a su caso concreto.


 

jueves, 19 de noviembre de 2015

ACCIONES LEGALES ANTE LA APARICIÓN DE VICIOS O DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN


                Son muchas las viviendas que construidas en la época del boom inmobiliario presentan hoy día grandes defectos constructivos, consecuencia de la rapidez con la que se edificaban las distintas promociones, como es el caso de humedades, grietas, fisuras, goteras etc, ya sean por un mal diseño o cálculo de la estructura, mala cimentación o incluso por una mala ejecución de la obra, entre otras causas.

                ¿Está usted afectado por alguno de estos vicios y no sabe qué hacer ante esta situación? Incluso ¿Las zonas comunes de su edificio presentan grietas o humedades?

Si es así, sepa de primera mano que las distintas comunidades de propietarios y más concretamente los propietarios mismos, pueden entablar acciones legales para resolver estos problemas.

                1. Una de esas acciones es por vicios o defectos en la construcción de acuerdo con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, pudiendo reclamar la reparación del daño o bien la indemnización de daños y perjuicios a los agentes de la edificación ( promotor, constructor, arquitecto y aparejador), ahora bien será necesario que dichos daños se produzcan dentro de los plazos de garantía previstos en la ley en su artículo 17 y que la demanda se interponga dentro del plazo de prescripción de 2 años fijado en el artículo 18 contados desde que se produzcan tales daños, plazos todos ellos importantes, pues si transcurren no se podría entablar esta acción con éxito.

 Dichos plazos de garantía, que se cuentan desde la fecha de recepción de la obra,  son:
·         Diez años , para responder de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
·         Tres años, para responder de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad.
·         Y un año, en el caso del constructor que también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras.


                Por otro lado, hay casos en los que el promotor atiende a las reclamaciones de los propietarios  y procede a la reparación no resultando esta efectiva, ante esta situación ha de saber que es realmente importante documentar la fecha en la que las reparaciones han sido realizadas, ya sea por ejemplo con partes de trabajo, pues los plazos de garantía se cuentan desde la fecha en la que se hicieron las reparaciones, salvo que se haya interrumpido la prescripción.


                Respecto a la Responsabilidad de los agentes de la edificación, es importante destacar que siempre deberá buscarse al responsable concreto que ha provocado el defecto, teniendo en cuenta que cada agente de la edificación tiene bien delimitadas sus funciones, así por ejemplo el constructor se encarga fundamentalmente de ejecutar el proyecto de obra que previamente ha sido diseñado por los arquitectos, que entre otra de sus funciones está la de dirigir la obra siendo el aparejador quien dirige la ejecución de la obra, por lo tanto cada uno de ellos responde individualmente. Si bien el promotor responderá siempre solidariamente con los demás agentes
                Ahora bien, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas, sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente, tal y como apunta igualmente abundante jurisprudencia como la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1993, de 18 de Septiembre de 2003, o incluso la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de Junio de 2013, entre otras, pero esa solidaridad será impropia tal y como ha recogido recientemente la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Enero de 2015, en la que se precisa que no resulta de aplicación el artículo 1974 del Código civil relativo a la interrupción de la prescripción en las obligaciones solidarias, lo que implica que será necesario interrumpir la prescripción frente a cada uno de los posibles responsables solidarios, es decir que si  interrumpo la prescripción respecto del promotor, esto no se hace extensivo a los demás agentes.
               
                Quedan los agentes de la edificación excluidos de responsabilidad en los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, actos de terceros e incluso en aquellos casos en los que se pruebe que el daño ha sido ocasionado por el propio interesado, esto es, inadecuado uso o falta de mantenimiento por el propietario o usuario.

                2. Otra de las Acciones posibles es por incumplimiento contractual aplicándose las normas relativas a la compraventa, en este caso la demanda solo se podrá interponer contra el vendedor ( que normalmente es el promotor) ya que este es quien mantiene la relación contractual con el propietario/comprador, pudiendo reclamarse la reparación del daño o la indemnización de daños y perjuicios.
               
                Entendemos pues, que el contrato de compraventa resultaría incumplido aunque el defecto constructivo no tuviera la consideración de ruinogeno, siempre que los daños excedan de las imperfecciones corrientes , no se hubiera cumplido la memoria de calidades o incluso entre otros supuestos que el comprador viera frustrado el fin para el que adquirió la vivienda. En definitiva, que el promotor/vendedor hubiera entregado una cosa inhábil para su destino, lo que implica que no puede ser habitada, que hubiera cumplido sólo parcialmente sus obligaciones o defectuosamente.
               
                El plazo de prescripción para interponer este tipo de acciones era 15 años hasta el 6 de Octubre de 2015, fecha en la que entró en vigor las modificaciones de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil entre las que se encuentra la del artículo 1964 del Código Civil, pues ya no son 15 años sino que Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. Por tanto hay que tener en cuenta que desde la entrada en vigor de la modificación, y conforme al artículo 1939 del Código Civil será de aplicación el plazo anterior de 15 años, pero desde su entrada en vigor de esta modificación sólo puede quedar 5 años, por lo que si restara un plazo superior a estos 5 años llegaría a término en dicho plazo. Si el plazo es inferior, restará ese lapso de tiempo pendiente.

                En Padrino Abogados tenemos abogados especializados en el campo de los defectos de construcción. Póngase en contacto con nosotros por mail info@padrinoabogados.es, por facebook , https://www.facebook.com/padrinoabogados o por teléfono al 917 81 56 95  y le daremos un asesoramiento personalizado a su caso concreto.


sábado, 19 de septiembre de 2015

CUSTODIA COMPARTIDA .- ¿QUE VALORAN LOS TRIBUNALES A LA HORA DE CONCEDER O DENEGAR LA CUSTODIA COMPARTIDA?




Muchas son las personas, en su gran mayoría padres, los que desanimados en su lucha con sus parejas por la custodia de sus hijos, nos consultan si es posible ante los Tribunales obtener la custodia compartida.

                La respuesta es SI se puede conseguir, pero no podemos generalizar, pues todo depende de las circunstancias de cada caso concreto, ya que nuestra legislación no da preferencia a la custodia compartida, salvo que haya acuerdo de ambas partes, de tal forma que el Juez, antes de acordar la concesión de la custodia compartida, deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, oír a los menores que tengan suficiente juicio (en todo caso a los que tuvieren más de 12 años) y valorar la relación que los padres mantengan entre sí.

                Lo cierto es que se está avanzando mucho en esta materia, hasta tal punto que una reciente sentencia de Sala de lo Civil del TS, sentencia nº 465/2015, de fecha 9 de septiembre de 2015 (Rec. 545/2014, Ponente: señor Arroyo Fiestas), establece la custodia compartida siempre que sea en beneficio de los menores, poniendo incluso de relieve que el sistema de custodia compartida no se trata de una medida excepcional sino que debe ser considerado normal y deseable. Más concretamente en palabras del propio Tribunal Supremo

 «La interpretación del artículo 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar de guarda y custodia compartida que se acordará cuando concurran alguno de los criterios reiterados por esta Sala y recogidos como doctrina jurisprudencial en la sentencia de 29 de abril de 2013  de la siguiente forma  "debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven.»

             Esto sin lugar a dudas supone un gran paso, no solo para aquellos padres que se ven privados de sus hijos o con un régimen de visitas inflexible, sino sobre todo para los menores que en muchas ocasiones tienen un sentimiento de pérdida o de falta de cariño respecto a la figura del padre.

                Dicho esto, si usted quiere obtener la custodia compartida es aconsejable que conozca lo que valoran los Tribunales al respecto, y en este sentido ante todo será siempre necesario contar con un informe psicosocial elaborado por un psicólogo y trabajador social, los cuales entrevistarán a los padres y menores, observando en todo momento la relación de los hijos con sus progenitores a la vez que realizan pruebas diagnósticas a los padres.

                Si bien el Tribunal Supremo considera que aunque el informe es importante y trascendente, sus conclusiones deben ser analizadas y cuestionadas jurídicamente por el tribunal, pues puede suceder que el propio informe lo desaconseje pero las demás circunstancias no, como es el caso en el que las partes antes del inicio del proceso judicial  adoptaran  un sistema de visitas por parte del padre casi tan amplio como el de custodia compartida, o la existencia del mutuo reconocimiento de las aptitudes de la otra parte y el cariño y estabilidad psicológica de los menores.

                Así mismo los jueces también tienen en cuenta cuestiones tan importantes como la edad de los menores, puesto que la mayoría de los psicólogos no recomiendan la custodia compartida para menores de 7 años ya que puede suponer un factor más desestabilizador que beneficioso en menores de 7 años, dado el apego de los niños a la madre en dichas edades. También tienen en cuenta la disponibilidad de los padres, la relación de estos con sus hijos y la cercanía de los domicilios, el interés y preferencias de los menores, el cumplimiento de los deberes que tienen los progenitores para con sus hijos, a lo que se une que las pautas educativas de los padres han de ser si no las mismas, similares.

                Ni que decir tiene que el tipo de custodia compartida que se instaure dependerá del interés del menor que será diferente en cada caso concreto, ya sea semanal, mensual, trimestral etc. y que no se concederá si alguno de los progenitores está incurso en un procedimiento penal por violencia domestica ya sea por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos

                Otras de las cuestiones que más inquietan a los padres  es ¿La mala relación de los progenitores impide la obtención de la custodia compartida?

La respuesta es NO, aunque la dificulta, o puede ser un obstáculo y es que la sentencia 758/2013, de 25 de noviembre de 2013  señaló que la mala relación entre los progenitores no es motivo suficiente para denegar la custodia compartida, siempre y cuando ésta no perjudique el interés del menor, ya que ello supondría dejar a la voluntad de uno de los padres la decisión del régimen de custodia a seguir.

¿Existe una ley de custodia compartida?

                La respuesta es NO en el ámbito nacional, aplicándose como una medida excepcional, aunque hay que destacar que recientemente en el País vasco se ha aprobado la Ley 7/2015, de 30 de junio, de Relaciones Familiares en supuestos de Separación o Ruptura de los Progenitores, en la que se considera que el sistema de custodia compartida es el más adecuado en supuestos de ruptura . Dicha ley entrará en vigor el próximo 1 de Octubre de 2015 y será de aplicación aplicación retroactiva si uno de los progenitores lo solicita a través de la correspondiente Demanda de Modificación de Medidas. Así también mencionar que en la legislación autonómica de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra el sistema de custodia compartida se trata de la forma preferente.

En Padrino Abogados tenemos abogados especializados en el campo de las custodia compartida. Póngase en contacto con nosotros por mail info@padrinoabogados.es, por facebook , https://www.facebook.com/padrinoabogados o por teléfono al 917 81 56 95  y le daremos un asesoramiento personalizado a su caso concreto.

martes, 5 de mayo de 2015

¿ES POSIBLE LA PENSION COMPENSATORIA EN CASO DE RUPTURA DE PAREJAS DE HECHO?



Las parejas de hecho surgieron como una alternativa al matrimonio, para aquellos que no estando de acuerdo con la forma del mismo, querían regularizar su situación de convivencia en común. Si bien no existe actualmente una legislación estatal como ocurre en el caso del matrimonio, que determine los efectos patrimoniales de los convivientes, como es el caso del régimen económico por el que se van a regir, es más son ellos mismos los que deben pactarlos  de común acuerdo. Por lo tanto, desde Padrino Abogados recomendamos que esos pactos sean lo más completos posible para evitar problemas en caso de ruptura, pudiéndose incluso determinar los efectos parternofiliales en caso de que la pareja tenga hijos.

Ante esta circunstancia, muchas son las parejas nos consultan sobre si es posible obtener una pensión compensatoria llegado el caso de la ruptura de la pareja de hecho. Trataremos en este articulo de dar respuesta a todas esas dudas.

Primeramente es importante señalar que la pensión compensatoria regulada en el artículo 97 del Código Civil, se estableció en el matrimonio para compensar el desequilibrio económico que uno de los cónyuges podía sufrir en caso de ruptura,.

En concreto dicho artículo, que solo se aplica para el caso de matrimonio, manifiesta al respecto lo siguiente:

 “El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.

A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1.ª Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.
2.ª La edad y el estado de salud.
3.ª La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.
4.ª La dedicación pasada y futura a la familia.
5.ª La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.
6.ª La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.
7.ª La pérdida eventual de un derecho de pensión.
8.ª El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.
9.ª Cualquier otra circunstancia relevante.

En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.”

Por tanto, habría que determinar si se puede o no aplicar analógicamente el mencionado artículo 97 del Código Civil, al no existir norma que lo regule en materia de parejas de hecho. Al respecto, reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo como la Sentencia de 12 de Septiembre de 2005, se decanta por la NO aplicación del artículo 97 del Código Civil en caso de las uniones de hecho, basándose a falta de pactos entre las partes, en que si libre fue la unión, igualmente libre tiene que ser la ruptura para cualquiera de ellos, por lo que cada uno asume las consecuencias económicas de la ruptura.

No obstante esto, una Sentencia anterior del Tribunal Supremo de fecha 5 de julio de 2001 se muestra partidaria a la aplicación analógica del artículo 97 del Código civil, señalando que SI es posible obtener judicialmente una pensión compensatoria, llamada pensión reparadora,  en caso de ruptura de una pareja de hecho, aunque hemos de señalar que dependerá de cada caso concreto si bien no en todos los casos, pues han de concurrir una serie de requisitos, uno de ellos es el Reconocimiento judicial de la existencia de la pareja de hecho y otro que quede probado el desequilibrio económico  que sufre uno de los convivientes, siendo aplicable la teoría del enriquecimiento injusto, al no existir una sociedad de gananciales, se pueden dar situaciones en las que uno de los dos convivientes haya adquirido bienes privativos del otro, o uno de ellos se haya dedicado en exclusiva a la unidad familiar, o uno de ellos haya colaborado en la actividad profesional del otro conviviente, cualificación profesional…, situaciones todas ellas que tiene en cuenta, el  juez para conceder o no la pensión reparadora

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